CORRUPTOS DESOREJADOS

(AL)

Esther González Crespo, de la Universidad Complutense de Madrid, tiene escrito un artículo titulado “Organización de la Cancillería Castellana en la Primera Mitad del siglo XIV”, que resulta muy interesante y actual. He llegado a él al buscar más información acerca de un texto que nos facilitaron en clase de Paleografía y Diplomática con el que me he reencontrado hoy. Dice así:


“Otrossí tengo por bien que todos aquellos que andan baldíos a procurar cartas de la mi chançellería por algo que les den que se vayan de la Corte o se dexen deste ofiçio e caten sennores con quien bivan. E porque desto viene grand deserviçio a mí e grand danno a la mi tierra e enfamamiento a los míos oficiales, e, si por auentura en esto fueren fallados, mando por la primera vez que les den çient azotes, e por la segunda que los desorejen, e por la tercera que los maten por ello”. Cortes de Valladolid, 1312, Fernando IV


Vamos a tratar de explicarlo, siguiendo el artículo de Esther González.
En Castilla, como en casi todo el mundo, la primera mitad del siglo XIV inicia un momento de transformaciones y cambios que culminarán con el cambio de Época histórica en el siglo XV, la Edad Moderna. Las transformaciones a las que se asiste son de todos los órdenes: económico, social, político, económico, religioso… e institucional.
Los años situados entre el 1312 y el 1350, representan el último intento de coexistencia entre una serie de anacrónicos y antiguos organismos institucionales y unas nuevas formas administrativas que se abrían paso en órganos de nueva construcción, que no alcanzarán su ordenación definitiva hasta la época Trastámara.
Uno de estos organismos que sufren modificaciones importantes es la Cancillería Real, ya que la mayor complejidad de las tareas administrativas que se dan estos tiempos, así lo exigen. Y es aquí donde empieza una curiosa coincidencia con los tiempos actuales, donde la nueva y compleja situación socio-política y económica evidencia la ineptitud de viejas instituciones para hacerla frente.
En 1312, Fernando IV (1295-1312), llamado “El Emplazado”, aborda la Reforma de la Administración en las Cortes de Valladolid. De ellas saldrán una serie de normas reformadoras que, en todo caso, no se gestionarán de forma debida hasta 1329 aproximadamente, pero que resultaban absolutamente necesarias.

El Ordenamiento de 1312 estableció una división de la Cancillería Real en varias oficinas, con claras y delimitadas competencias: Justicia, Cámara Real, y otra con carácter general. Cada una de ellas se componía de un número preciso de oficiales, a los que se les asignaron unas atribuciones específicas y unos salarios anuales suficientes para el buen desempeño de sus funciones…. ¿Se va notando la similitud con el caso actual? Actualización de la administración, división administrativa en CCAA, funcionarios con atribuciones específicas… Pues aún hay más…
“Los sobornos, frecuentes en toda la administración, eran especialmente usuales entre alcaldes y escribanos que recibían presentes y obsequios de algunas personas implicadas en pleitos que seguían en la Corte”, dice Esther González en su artículo. Este soborno era realizado a través de intermediarios (“aquellos que andan baldíos”, desocupados, se entiende), que procuraban Cartas de la Cancillería por el pago de estos sobornos. ¿Se entregarían trajes en aquellos entonces? Tal vez si, o tal vez solo fuese dinero, posiciones, contratos… pero seguro que Trajes también.

Fernando IV, decidido a acabar con este tejemaneje que tanto ofendía a su labor reformadora (“desto viene grand deserviçio a mí”) y abochornaba a Castilla ante propios y extraños (“e grand danno a la mi tierra”), molestando además a funcionarios que nada tenían que ver con estas prácticas (“e enfamamiento a los míos oficiales”), se encarga de poner unas severas penas para aquellos “valedores”. Las penas establecidas para estos delitos eran pecuniarias en realidad: 100 maravedís por la primera falta. Pero la norma agrava considerablemente la cuestión: “mando por la primera vez que les den çient azotes, e por la segunda que los desorejen, e por la tercera que los maten por ello”. A los oficiales con delito probado de aceptación de sobornos, se les expulsaba de la Corte (“que se vayan de la Corte”) por infames y perjuros, la exclusión de cargos públicos (“o se dexen deste ofiçio”) de por vida, y “la imposición de una pena en metálico, consistente en pagar la soldada de ese año doblada, más el daño derivado de su actuación a la parte lesionada”, nos explica Esther González.

Claro que también tenían una disculpa. Muchas veces esos salarios establecidos para vivir “complidamente” no se les pagaba, ya que era práctica habitual que en lugar de asignar, digamos, el presupuesto a la Cancillería (tal y como estaba establecido), se detraía de otras partidas ajenas, con el consiguiente retraso en los pagos. Pero la autoatribución salarial de la que llegaron a hacer gala notarios, alcaldes, escribanos, registradores, etc., dio lugar a que el Rey tomase cartas en el asunto y estableciese en Cortes a todos ellos que “non tomen por ibramiento, nin por vista, nin por libros, nin por registro ninguna cosa”, más que la percepción de los complementos procedentes de su servicios o sufrirían las penas establecidas.

Así que fijensé lo que nos hemos perdido por no poder aplicar a más de uno en esta España nuestra una norma como la que dictó Fernando IV. Nos hemos privado de poder contemplar “desorejados” a corruptos y prevaricadores. ¡¡¡Lo que hubiese dado yo por ello!!!

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